Union del Personal Superior de la Administración Pública Provincial
Personería Gremial N° 1451
Prestamos de Libros
 

La UPS le ofrece a todos sus afiliados el servicio de Préstamos de Libros sin costo alguno para el socio. Entre los libros de los que se puede disponer se encuentran novelas y textos de literatura en general. Todos estos, se prestan por un período máximo de 40 días, debiendo restituirlos en perfectas condiciones tal cual habían sido retirados.

Plan de Ayuda Económica
Sigue en vigencia el plan de ayuda financiera para los asociados, siendo imprescindible que quienes se inscriban en los mismos se obliguen al pago de la cuota que corresponda, cumpliendo puntualmente del 1 al 10 de cada mes. De esta forma, los créditos se podrán ir renovando y podremos llegar con este beneficio a todos los asociados. Una cuota que no se paga es negarle la posibilidad de crédito a otro socio que también los necesita.

Sorteo de Fin de año
Comunicamos a nuestros asociados que con motivo de las Fiestas de Fin de Año, la UPS efectuara un sorteo en el que participaran todos los afiliados activos y pasivos, siendo beneficiados aquellos cuyo número de afiliación coincida con las tres últimas cifras de los 20 primeros premios del SORTEO DE NAVIDAD de la LOTERÍA DE CÓRDOBA. Los premios consistirán en Dinero en efectivo, según el siguiente detalle:

1º Premio: $ 15.000,00

2º Premio: $ 12.000,00

3º Premio: $ 13.000,00

4º Premio: $ 9.500,00

5º Premio: $ 9.500,00

6º Premio: $ 8.000,00

7º Premio: $ 8.000,00

8º Premio:$ 8.000,00

9 Premio: $ 5.000,00

10º Premio: $ 5.000,00

11º Premio: $ 2.400,00

12º Premio: $ 1.400,00

13º Premio: $ 1.400,00

14º Premio: $ 1.400,00

15º Premio: $ 1.400,00

16º Premio: $ 1.400,00

17º Premio:$ 1.400,00

18º Premio: $ 1.400,00

19º Premio: $ 1.400,00

20º Premio: $ 1.400,00

 

Estado de la Causa UPS c/ Provincia de Córdoba
Unión del personal superior de la administración pública provincial AMPARO
Sr. Juez:
Domingo Alfonso OVANDO, argentino, mayor de edad, dni 7.693.891, con domicilio legal en calle SALTA nº 118 – Ciudad de Córdoba y constituyendo domicilio procesal a los fines del presente en calle AYACUCHO nº 163 – Piso 3º - A – Ciudad de Córdoba, ante VS. comparece y dice:

1. PERSONERÍA:
Que incoa la presente acción en su condición de PRESIDENTE de la UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL – U.P.S.; entidad gremial de Primer Grado, con personería gremial nº 1451 otorgada con fecha 27 de noviembre de 1987.
1.1. Acredita la personería y representación que invoca con lo siguiente:
a) Estatutos de la Unión del Personal de la Administración Pública Provincial – U.P.S.
b) Resolución nº 197 del Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante la cual se otorga la personería gremial a su representada.
c) Certificación otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en Exp. Nº 1-207-375845-2010; mediante el cual se deja constancia de la autoridades actuales de la UPS.
Todos los documentos que se adjuntan se encuentran certificados en su autenticidad, por el Escribano Público Mario Antonio Vitanza, titular del Registro 668 – Córdoba.

1.2. Solicita se lo tenga por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal arriba constituido.

2. ACCIÓN DE AMPARO.

En el carácter invocado, la personería acreditada y con las facultades suficientes para representar gremial y legalmente a la UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL – UPS – y a sus asociados, en función de lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional viene por el presente a interponer ACCIÓN DE AMPARO en contra de la PROVINCIA DE CÓRDOBA, con domicilio legal en calle Rosario de Santa Fe nº 650 de esta Ciudad de Córdoba, la que deberá ser citada a juicio en la persona de su representante legal. La acción se incoa a efectos de VS. declare la INAPLICABILIDAD, ILEGITIMIDAD e INCONSTITUCIONALIDAD de:
La Ley Provincial 10068, dictada por la Legislatura Provincial con fecha 18 de julio de 2012, mediante la cual se ratifica el Decreto 379 de fecha 17 de mayo de 2012, el que en dos fojas útiles pasa a formar parte de dicha ley como anexo único.

En mérito de ello, la acción que se incoa se dirige a la normativa que la Ley 10068 ha incorporado como Anexo Único de la misma, a saber:

a. Lo normado en el artículo 4 del Decreto 379 de fecha 17 de mayo de 2012, en cuanto por el mismo se dispone:

“…Establécese que la jornada de labor para el Personal de las Categorías 15,16 y 17 de la Ley 9361 será de ocho (8) horas o cuarenta (40) horas semanales…”.
b. El artículo 5 del mismo Decreto 379 de fecha 17 de mayo de 2012, en cuanto por el mismo se dispone:

“…Autorizase a los titulares de cada jurisdicción a que, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios que en cada caso se prestan, dispongan la organización de la jornada de trabajo del personal de las categorías 15,16 y 17 de la Ley 9361, pudiendo en tal caso determinar el desdoblamiento de la misma o establecer horarios de ingreso diferenciales a los fines de cumplir la garantía prevista en el artículo primero…”(el subrayado nos pertenece)
Todo ello, conforme los hechos y el derecho que se expresarán a continuación, en virtud de los cuales se peticiona al Tribunal haga lugar a lo peticionado, con especial imposición de costas y costos.

3. HECHOS:

3.1. Legitimación activa:
La UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL – UPS- en merito de la personería gremial y ámbito de actuación territorial que le ha sido concedida, agrupa y representa a todos los funcionarios de la administración pública de la Provincia de Córdoba que desempeñan cargos directivos o de jefatura orgánica, comprendidos en el estamento: Personal Superior.
Las máximas categorías de dichos estamento son las categorías: nº 15: Jefes de Área; nº 16: Sub-Directores de Jurisdicción y nº 17: Directores de Jurisdicción; desempeñadas a la fecha por 870 personas.
La personería que le ha sido otorgada lo es con ámbito de actuación en toda la Provincia de Córdoba, conforme se ha acreditado con la documentación precedentemente acompañada. En igual sentido, lo disponen los artículos uno y diecinueve del Estatuto de la entidad gremial; aprobados con sustento en lo dispuesto en el art. 31 de la Ley Nacional 23.551, artículo 22 del Decreto Reglamentario 467/88 y normas concordantes.

3.2. Legitimación temporal:

El Decreto del Poder Ejecutivo Provincial cuyas disposiciones se impugnan; en su art. 8 dispone su remisión a la Legislatura de la Provincia a sus efectos. La Ley Provincial 10068 de fecha 18/07/2012 dispone la ratificación del mismo, convalidando todo lo actuado hasta la fecha en que entre en vigencia la presente ley.
La elevación en consulta a la Legislatura Provincial del Decreto 379/12 ha merecido su ratificación a partir del 18/07/2012; pero podría haber sido directamente rechazado. Por el contrario, fue irregularmente modificado, lo que nulifica lo dispuesto por inconstitucional
Se pone de relieve que la ratificación del acto administrativo por parte de la Legislatura Provincial, se logra solo con los votos mayoritarios del partido gobernante (el mismo que dicta el Decreto 379/12); con puntual y expresa oposición de todos los demás partidos con representación parlamentaria.

3.3. Representación puntual:

3.3.1. La representación personal y territorial que detenta la Unión del Personal Superior de la Administración Pública Provincial – UPS -, lo es en mérito de resoluciones emanadas de las autoridades administrativas del trabajo nacionales; que poseen facultades exclusivas y excluyentes para dicha adjudicación.
Los instrumentos que así lo acreditan han sido ya acompañados, al invocar la personería con la que se actúa en este proceso.
En mérito de ello, al sancionarse por el Poder Legislativo y promulgarse por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto nº 250 de fecha 27/02/2007, la Ley Provincial nº 9361 que reinstaura el Escalafón para el Personal de Administración Pública, se tienen expresamente en consideración dichas atribuciones.
En dicha normativa, se reconoce puntual y expresamente a la UPS la representación gremial del estamento PERSONAL SUPERIOR, que comprende a los dependientes de la administración pública que revistan en las categorías de: Jefe de Sección, Jefe de División, Jefe de Departamento, Jefaturas de Áreas, Sub-Direcciones de Jurisdicción y Direcciones de Jurisdicción, a los que se les asigna las categorías 12, 13,14,15,16 y 17, respectivamente. ( ver arts. 8,16,23,26, 28 y 32 de la Ley 9361). Se adjunta, copia autentica de la Ley Provincial nº 9361, obtenida vía Web en el sitio oficial de la Provincia de Córdoba.

4. PROCEDENCIA FORMAL:

La acción de amparo que se impetra, resulta procedente en virtud de encontrarse irreversiblemente afectados, alterados y restringidos los derechos constitucionales establecidos en la Constitución de la Nación en su art. 14 bis, normas legales dictadas en su consecuencia y en la Constitución de la Provincia de Córdoba en su artículo 23 incisos 4,13 y concordantes.
Todo ello causa, a los ochocientos setenta (870) trabajadores comprendidos en las Categorías 15,16 y 17 que integran el estamento de PERSONAL SUPERIOR de la Administración Pública Provincial, art. 8 de la Ley Provincial 9361, representado por la U.P.S., un grave e irreparable daño, que en forma actual e inminente, lesiona, restringe, altera y amenaza por arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, sus derechos y garantías. Va de suyo, que la afectación personal y moral personal, también involucra a la familia de los afectados. Los mismos solo pueden ser restaurados por la vía que se incoa. En efecto, a partir del día primero de Junio 2012, se encuentra en plena aplicación lo normado en el Decreto 379/12 que se impugna. El personal de las Categorías 15,16 y 17 es obligado a trabajar dos horas mas por día. Al liquidarse la remuneraciones de los mismos correspondiente al mes de Junio de 2012, se ha constatado con sorpresa y legítima indignación que la mayor carga hora a la que fueran sometidos – 33,33% superior a la habitual – no ha sido retribuida en manera alguna. En mérito de ello y que el trabajo no se presume gratuito, además del agravio moral y el avasallamiento de sus derechos al modificarse arbitrariamente la jornada de trabajo; se ha sumado el grave perjuicio patrimonial de no abonárseles el tiempo adicional trabajado durante el mes.
Valga resaltar que el Decreto 379/12 ni la Ley 10068 que lo ratifica, no hacen mención alguna a que la mayor carga horaria debería ser cumplida sin pago adicional de remuneraciones. Una lesión de tamaña gravedad, sobre los derechos de los trabajadores, no puede ser en manera alguna inferida o deducida por el instituido unilateralmente intérprete de la norma (art.6 del Decreto 379/12).

Si esa era la intención (mayor carga horaria sin pago de adicional remuneratorio alguno), debió ser claramente expresada en el Decreto cuya ratificación se peticionara a la Legislatura Provincial. Al no hacerlo, mal podía ser ello valorado y eventualmente dispuesto de tal manera por la Legislatura Provincial; máxime cuando el art. 29 de la Ley 9361 dispone todo lo contrario.
Que la acción instaurada resulta la mas expedita, rápida y eficaz – sin que exista otro medio judicial mas idóneo ni otra vía pronta y eficaz – para evitar continúe el grave daño que ya se ha causado e impedir el que en forma inminente y futura se llegará a causar; de permitirse la aplicación y vigencia de la normativa cuya constitucionalidad y legitimidad se impugna. Lo que se agrava, teniendo en cuenta la interpretación absurda y sin sustento que se efectúa al disponer el no pago de remuneración alguna a los afectados. La actualidad del daño o lesión a los derechos y garantías vulneradas surge indubitable, atenta la arbitrariedad e ilegitimidad con la que se han suscripto y ejecutado los actos administrativos que se impugnan.
No se trata de un perjuicio conjetural o abstracto, sino de un daño actual e irreversible, con permanencia en el tiempo que ya se ha provocado y que se provocará en el futuro, a nuestros representados y a los intereses de la entidad gremial, por los actos administrativos impugnados. Ello, en un todo conforme con los extremos establecidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional primer párrafo, y artículo 48 de la Constitución Provincial, como recaudos a cumplir para viabilizar la procedencia formal de la presente acción de amparo. .

5. PROCEDENCIA SUSTANCIAL:

5.1. El artículo 23 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, al enumerar los derechos del trabajador enuncia, específicamente, los de los empleados públicos en su inciso 13, estableciendo en forma expresa el derecho de estos agentes a tener un escalafón en su carrera administrativa; a la fecha concretado en la Ley 9361.
Ello implica, que dichos derechos deben ser estrictamente respetados. El escalafón, establece un conjunto de derechos y obligaciones que comprenden tanto a los trabajadores, como al Gobierno de la Provincia de Córdoba. No es cuestión menor dejar constancia que la hoy Ley 9361 es aprobada por unanimidad de la Legislatura al convertir en ley el Proyecto respectivo que surge de un acuerdo previo entre el Gobierno Provincial y las entidades gremiales representativas del personal que se desempeña en la administración pública provincial. Dichas entidades gremiales eran y son la UPS y el SEP. Esta circunstancia obra puntualmente señalada en el informe de elevación del Proyecto por parte del Poder Ejecutivo.
Ergo, nos encontramos ante una verdadera LEY - CONVENIO producto de una negociación colectiva, llevada a cabo en los términos de la Ley 23544 y 14250; discutida, consensuada, aprobada y defendida por el Gobierno Provincial y las entidades gremiales por ante la Legislatura, hasta obtener su sanción como ley de la provincia.
5.6. Sin duda alguna, conforme se puntualizará y acreditará en el curso de la presente acción, las disposiciones legales y administrativas que se cuestionan vulneran derechos y garantías de la U.P.S. y fundamentalmente de los trabajadores por ella representados en esta acción: Categorías 15,16 y 17 del estamento del Personal Superior, que se encuentran expresamente amparados por la Constitución Nacional en su artículos 14 bis, 16, 17, 18, leyes nacionales dictadas en su consecuencia y Convenios Internacionales aprobados por la República Argentina. Todo ello, hace procedente, desde el punto de vista sustancial, la presente acción de amparo.

6. El contexto fáctico previo:

6.1. Aprobado el Proyecto del PE y convertido el mismo en la Ley Convenio 9361, resulta necesario precisar lo siguiente:
6.1.1. La ley 9361, cambia la denominación del estamento que comprende a la categorías 1 a la 11 inclusive (en relación a la denominación prevista en la Ley 7233) , al que denomina Personal de Ejecución. En cuanto al Estamento del Personal Superior le adiciona las Categorías 15, 16 y 17 como categorías profesionales nuevas, cuya cobertura debía realizarse por concurso público de títulos, oposición y antecedentes, en concurso abierto a todo ciudadano argentino, sin otras limitaciones que las que impone la Constitución Provincial y la Ley 7233.(art.14, apartado B de la Ley 9361).
6.1.2. Mediante Decreto 888/10 de fecha 16/06/2010 el PE efectúa la convocatoria de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura de dichas categorías 15,16 y 17.
En el articulo tercero de dicha norma se expresa: “…que los integrantes de las Comisiones Laborales de Concurso y Promoción de los Tribunales de Concurso en representación de la entidad gremial, serán designados por la Unión del Personal Superior…”. Se consolida de tal manera y se ejecuta lo previamente acordado y luego estipulado en la Ley Convenio 9361, art.16 y siguientes.
El concurso se realiza y los 870 cargos son cubiertos por quienes determinaron los respectivos Tribunales de Concurso; conforme art. 21 de la Ley 9361. Dictando el Poder Ejecutivo los correspondientes Decretos de designación.
6.1.3. El art. 1 de la Ley 9361, expresa: “…El presente escalafón es de aplicación para todo el personal que preste servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial y esté comprendido bajo el régimen laboral de la Ley 7233…”.
Ambas condiciones, son cumplidas por las Categorías 15,16 y 17 del estamento del Personal Superior.
6.1.4. La cobertura de vacantes en el estamento del Personal Superior se encuentra prevista en el art. 14 apartado b. de la Ley 9361, conforme se analizara precedentemente.
6.2. El denominado núcleo duro de todo contrato de trabajo, incluido el contrato de trabajo en la administración pública, se encuentra constituido por la normativa que regula la Jornada Laboral y la relativa a La Remuneración de los trabajadores comprendidos.
Núcleo duro que instituye derechos que hacen a la esencia del contrato, siendo inmodificables in peius del trabajador. Los que, sin dudas, han constituido la razón principal por la cual el ser humano trabajador acepta poner su fuerza de trabajo, su salud y su dignidad al servicio de los objetivos de su empleador. En nuestro caso, el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Veamos como se encuentra instituido ello en la normativa aplicable:
6.2.1. La Ley 23544 de fecha 15 de Enero de 1988 ratifica el Convenio de la OIT nº 154, al que incorpora como formando parte de dicha ley.
Dicho Convenio OIT 154 en el art. 1.1. manifiesta que el mismo se aplica a todas las ramas de actividad económica. En el art. 1.3. expresa: “… en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este convenio…”.
Conviene recordar que el Convenio sobre la negociación colectiva, OIT Nº 154 del año 1981 tiene un campo de aplicación más extenso que el del Convenio OIT Nº 98, ya que se aplica a «todas las ramas de actividad económica» (artículo 1) y que la Comisión de Negociación Colectiva ya en la primera fase de sus trabajos preparatorios del Convenio núm. 154 confirmó que había acordado a la expresión «todas las ramas de actividad económica» «el sentido más amplio posible, de modo que abarque todos los sectores de actividad, incluida la administración pública » [Actas, 1980, Informe de la Comisión de Negociación Colectiva, pág. 41/5]. En la Provincia de Córdoba el contrato de empleo público entre el Gobierno de la Provincia y sus empleados se encuentra regido por: a) Un Estatuto, la Ley 7233,b) Un Escalafón la Ley 9361 y c) Negociaciones Salariales Periódicas, para regir en el Estamento Personal Superior, negociadas entre las partes con intervención de la autoridad administrativa del trabajo, la que procede a su homologación y debido registro.
6.2.2. La Ley 7233 – Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial, en su art. 1 expresa: “…Este estatuto regirá las relaciones de todas las personas que en virtud de acto administrativo expreso emanado de autoridad competente, presten servicios en la jurisdicción del Poder Ejecutivo y perciban la remuneración prevista en la Ley de Presupuesto Provincial y Leyes Especiales…”.Los trabajadores que se desempeñan en las Categorías 15,16 y 17, han accedido a dichos cargos por el acto administrativo concurso público de antecedentes, oposición y entrevista personal instituido por la Ley 9361 y posteriormente designados por Decreto del PE.
6.2.3. El art. 25 de la misma ley expresa que el personal tiene derecho a: inc. c.: Jornada de Trabajo y inc. d.: Retribución justa.
6.2.4. El articulo 30 trata el derecho a la Jornada de Trabajo a la que tipifica y limita en los siguientes términos: “…Se considera jornada de trabajo el tiempo que el personal está a disposición de la Administración Pública Provincial. La jornada normal de labor será de seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales, la que se cumplirá – de lunes a viernes- entre las ocho (8) horas y las dieciocho (18) horas (a partir de mayo de 2009, conf. Resolución Reglamentaria 98/09 –B.Oficial 21/05/09.); en los turnos y con las excepciones que determine la reglamentación. El tiempo de trabajo que – a requerimiento expreso de la administración- exceda la jornada normal, será considerado hora extra y podrá ser abonado al agente conforme la legislación vigente o bien ser compensado con francos…”.
6.2.5. El art. 39 de la Ley 7233 establece que: “… El personal tiene derecho a percibir compensaciones y reintegros en concepto de viáticos, movilidad…cuando por las condiciones del servicio, éstas así correspondan…”.
6.2.6. Conforme la reglamentación del art. 30 de la Ley 7233 efectuada por el Decreto 1080/86 se dispone: “… En los supuestos expresados tomará intervención previa la Comisión de Relaciones Laborales…”.
6.2.7. El art. 29 de la Ley 9361 al tratar el tema retribuciones, en lo que nos interesa dispone: El Poder Ejecutivo Provincial establecerá: inc. 1: “…El sueldo básico de la categoría 1 y el sistema de coeficientes para determinar los básicos de las categorías 2 a 17 inclusive…” (Correlacionar con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 7233); inc.2 d) Horas extras, inc.2 e) Viáticos y/o gastos e inc. 4: “… La remuneración que le corresponde al personal que por razones de servicio deba trabajar en horarios y cantidad de días semanales diferentes a las dispuestas por el art. 30 de la Ley 7233…”
Esta norma es de suma importancia, atento que reconoce la obligatoriedad del pago en los tres ítems señalados y por ello autoriza al PE a alterar el reflejo presupuestario que prevé el art. 43 de la Ley 9361; cuando se den algunas de las condiciones previstas en el art.29, que por aleatorias resultan imposibles que se encuentren contempladas al efectuar el cálculo del presupuesto anual.
6.3. Valga lo precedente, para poner en evidencia que en la Provincia de Córdoba lo normado en la Ley 23.544 – Convenio Colectivo OIT 154 y la Ley 14250, tienen plena aplicación.
En efecto, tanto El Estatuto Ley 7233, en especial sus modificaciones – con posterioridad a 1988 - introducidas por la Ley 9361, El Escalafón Ley 9361 y las Negociaciones Salariales Periódicas; constituyen la negociación colectiva que dispone y nos impone la norma legal y la supranacional a la que nos hemos adherido. (Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). Del propio texto de la normativa y de lo acordado en forma periódica, se acredita la discusión y el acuerdo colectivo para el sector.

7. LA ILEGALIDAD MANIFIESTA Y LAS LESIONES ACTUALES QUE LA MISMA PROVOCA.

7.1. Las normas del contrato de empleo público en la Administración Pública de la Provincia de Córdoba (Administración Central) , se encuentran regidas por normativa fruto y consecuencia del negocio colectivo continuo – a partir de 1988 -entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la UPS como entidad gremial representativa de los trabajadores comprendidos en el Estamento Personal Superior instituido por la Ley 9361.
En este colectivo laboral (que tiene una realidad diferente al colectivo laboral de los empleados públicos de los otros poderes de la Provincia), el Estado –Empleador carece de atribuciones para determinar la jornada laboral y la consiguiente remuneración en forma unilateral. Si bien su tipificación y límites (en el caso de la jornada) o en el de las retribuciones, se instrumentan y patentizan por leyes o Decretos; se sustentan y legitiman por acuerdos colectivos previos entre el Estado y las entidades representativas del sector: la UPS y el SEP.
Los trabajadores del sector no tienen regulados sus derechos y obligaciones por su conformidad ficta a un contrato de adhesión; por el cual el Estado podría fijar unilateral y arbitrariamente las condiciones del contrato de trabajo y disponer cuando lo estime pertinente su modificación in peius de derechos adquiridos y consolidados. Todo lo contrario, ejercen en plenitud – a través de las organizaciones gremiales representativas, el derecho a la negociación colectiva que les garantizan las leyes y la Constitución Nacional, art. 14 bis, art.75 inc. 22 y concordantes. Por ello, mal puede una de las partes, el Gobierno de la Provincia, disponer unilateralmente su modificación o alcances.
Tampoco la Legislatura Provincial tiene atribuciones legales para abrogar, desnaturalizar y desbaratar derechos fruto de una negociación colectiva entre el Estado Empleador y las entidades sindicales representativas del sector. Máxime, cuando no existe declarada una emergencia económica general que autorice, legitime o convalide una acción de ese tipo.
De verificarse ello, nos encontraríamos ante un acto ilegítimo, inconstitucional y por ello contrario a derecho y violatorio de la buena fe negocial, insita en la negociación colectiva. Valga lo precedente, porque esta parte desconoce algunos aislados criterios doctrinarios – anteriores a la Ley 23.544 – Convenio Colectivo OIT 154 y la vigencia plena del Estado de Derecho – sustentan, equivocadamente, la supremacía de la voluntad unilateral del Estado por sobre los derechos de raigambre constitucional de sus empleados.
Es por demás evidente y se acreditará en debida forma, que la actual normativa que regula los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de empleo público en la Provincia de Córdoba; en especial la jornada de trabajo y el sistema remunerativo, no son consecuencia de una decisión unilateral del Estado provincial establecida por ley. Por el contrario, las leyes y Decretos dictados se han limitado a reflejar y aprobar el acuerdo previo suscripto entre el Estado Provincial y la entidad gremial representativa del sector.
7.2. En el camino de la ilegitimidad se ha modificado lo dispuesto en el art. 30 de la Ley 7233 mediante un unilateral y arbitrario Decreto del PE, so pretexto de que se trata de una simple reglamentación.
La ley 10068 que dice limitarse a ratificar lo dispuesto por el Decreto 379, pero al transcribir lo dispuesto por el mismo, en el art. 1 de la ley, modifica su texto. En efecto, el Decreto expresa en su art. 4 que: “…la jornada de labor para el personal de las Categorías 15,16 y 17 de la Ley 9361 será de ocho (8) horas o cuarenta (40) horas semanales…”. Por el contrario, la Ley 10068 en su art. 1 expresa: “…la jornada de labor para el personal de las categorías 15,16 y 17 previstas en la Ley 9361, en ocho horas diarias o cuarenta (40) horas semanales…”.
La corrección efectuada no es menor, atento se ha modificado en parte la ilegitimidad manifiesta de lo dispuesto en el Decreto 379. No es lo mismo que la jornada sea de ocho o cuarenta horas semanales- texto del Decreto 379- (implica que se puede diagramar al trabajador 15 o mas horas diarias con tal que no se superen las cuarenta semanales a que la jornada sea de ocho horas diarias o cuarenta semanales – texto de la ley 10068- (dado que a diferencia del caso anterior se está limitando la jornada diaria en ocho horas).
En el procedimiento de ratificación de un Decreto del PE, la Legislatura puede ratificarlo o rechazarlo por disponer el PE sobre cuestiones que le está vedado hacerlo por vía de un decreto reglamentario. Pero nunca puede modificarlo para aclararlo o mejorarlo. Si se pretendía modificar la jornada legal de trabajo de las categorías 15,16 y 17 debió dictarse una ley modificatoria y su sanción respetar todo el proceso parlamentario reglado que legitimaría – en abstracto- lo así dispuesto. Decimos en abstracto, atento que por alterarse elementos del núcleo duro (jornada laboral y sistema remuneratorio) del contrato de empleo público, regulado en base a la negociación colectiva previa; una ley no es el modo de su modificación in peius; so pena de incurrir en arbitrariedad, ilegitimidad e inconstitucionalidad manifiesta.
7.3. Los fundamentos expuestos en el considerando del Decreto 379 incorporado como anexo único a la Ley 10068, son solo aparentes y por ende inoficiosos para legitimar la disposición administrativa, hoy Ley 10068. Veamos:

7.3.1. Se confunde e identifica las actividades, funciones y servicios que presta la Administración Pública los que se aduce que se desarrollan en un marco dinámico que requiere su adaptación permanente; con los derechos e intereses de sus empleados a los que se entiende es factible avasallar para cumplir dichos objetivos.
Se confunde y se identifica reglamentación con desbaratamiento de derechos adquiridos; entendiendo en una clara desnaturalización del principio de justicia y el de equidad que el PE se encuentra facultado para arrasar con los derechos adquiridos por los agentes que revistan en las categorías 15,16 y 17.
7.3.2. En el art. 5 se autoriza “…el desdoblamiento de la jornada de trabajo o el establecimiento de ingreso diferenciales a los fines de cumplir la garantía prevista en el artículo primero…”.
Resulta por demás evidente, que se altera en forma ilegítima e inconstitucional una parte liminar del contrato de empleo público en las categorías 15,16 y 17: la jornada laboral tenida en cuenta por los interesados al presentarse a concurso abierto de títulos, antecedentes y oposición en virtud del cual accedieran a dichos cargos. Dicha jornada se encontraba establecida legalmente y había sido el fruto de una negociación colectiva previa entre el Estado Provincial y la UPS.
El contrato de empleo público no deja de ser un contrato, por más que algunos doctrinarios entiendan – equivocadamente - que el Poder Administrador tiene facultades de dirección y jus variandi discrecionales.
La discrecionalidad es lisa y llanamente arbitrariedad, cuando no se encuentra reglada; más aún cuando afecta un negocio colectivo previo. Todo acto administrativo se presume legítimo, porque se descuenta que el poder administrador actúa dentro de la ley y en el marco de sus atribuciones; respetando los derechos y garantías y legales que tienen sus funcionarios.
Lo contrario sería lisa y llanamente aseverar que la legitimidad a priori que detenta todo acto administrativo; es un bill de indemnidad para actuar con arbitrariedad y en forma ilegítima. Solo se necesitaría invocar genéricamente razones de estado o un interés público general, para cumplir con la formalidad de los fundamentos suficientes que requiere toda decisión para legitimarse desde el punto de vista formal y sustancial. Realmente, un absurdo argumental, contrario a todo nuestro plexo normativo, constitucional, supra nacional y al Estado de Derecho.
Se ha violentado claramente la normativa constitucional y supranacional y las leyes dictadas en su consecuencia.

7.2. Lo precedente, nos demuestra claramente que la normativa analizada es ilegítima, inconstitucional y claramente lesiva de derechos y garantías legales con raigambre constitucional.
Ello, desde el punto de vista normativo, pero la ilegitimidad e inconstitucionalidad denunciada se potencia si analizamos, como lo haremos a continuación, el lado oscuro y oculto de la Ley 10068.
La UPS en el marco de la buena fe que debe regir las relaciones del sindicato de la actividad con el Estado Empleador, teniendo en cuenta que la LEY 9361 es una LEY CONVENIO y que toda la normativa de la Ley 7233 y de la Ley 9361 claramente especifica que todo cambio en cuanto a Jornada y Retribuciones, debía tener tratamiento y acuerdo en el seno de la Comisión de Relaciones Laborales en la que la UPS tiene participación dirimente ( en cuanto a las categorías 15,16 y 17) ante el dictado del Decreto 379/10; se dirige al Sr. Gobernador mediante la nota que se acompaña como prueba, nº de trámite PEO1-289935001-212, Número de Stiker 289935001212, presentada con fecha 28/05/2012. Se expresaba, con anterioridad a la puesta en vigencia efectiva de lo dispuesto, la ilegitimidad de ello y los graves perjuicios que acarrearía a los afe3ctados por la medida. Se puntualizan los errores de concepto y la arbitrariedad en el accionar del Estado y se peticiona su correción.
Sin perjuicio del cuestionamiento, se hizo saber al Sr. Gobernador la disposición de una gran mayoría de los integrantes de las Categorías 15,16 y 17 a participar y poner sus mejores cualidades y esfuerzos para coronar con éxito el declarado objetivo de la administración: lograr la mayor eficiencia de la función pública. En su mérito, se peticionaba se dispusiera lo necesario para abonar la mayor carga horaria que se disponía cumplir. Se peticionó audiencia al Sr. Gobernador – la máxima autoridad de la contraparte en el negocio colectivo que nos vincula -, sin éxito.
Por razones de economía procesal, se dan por reproducidos, como sustento de la presente acción, los términos de dicha presentación administrativa. En las remuneraciones del mes de Junio 2012 del personal comprendido en las categorías 15,16 y 17 no se abona suma alguna por la mayor carga horaria, que unilateral y coactivamente impuso el Gobierno de la Provincia.
El propósito oscuro y oculto del Dec. 379/12, hoy ley 10068, se pone en acto: incrementar unilateralmente la jornada y no pagar por ello suma alguna. Si todo era legítimo y ajustado a derecho, debió expresarse ello claramente. No se hizo, porque no era ni lo es.
Actuando con absoluta mala fe, se desconoce lo previamente acordado y la grave lesión de intereses – carga horaria adicional de 33,33% por sobre la normal y habitual sin pago de remuneraciones, incumpliendo lo normado en el art. 29 de la Ley 9361.

7.3. Vemos así, que la afectación de derechos de nuestros representados, no se limita a la alteración ilegítima de la jornada de trabajo; también se produce un grave y confiscatorio perjuicio patrimonial. Lo actuado por el Gobierno Provincial es indefendible, inexplicable e ilegítimo.

8. Conclusión:

8.1. La arbitrariedad e ilegitimidad con que se ha dictado el Decreto 379/2012 – Hoy Ley 10068, con conocimiento cierto del daño que se causaba y de la normativa legal y convencional que lo impedía, se muestra evidente.
En su mérito, lo así actuado se encuentra teñido de ilegitimidad y arbitrariedad; conculcando gravemente derechos y garantías de la entidad gremial U.P.S. y de los trabajadores de la administración pública provincial por ella representados en el sub lite: Categorías 15,16 y 17 del estamento del Personal Superior; en calidad de afectados directos por las disposiciones adoptadas y por la mora en resolver las procedentes y legítimas impugnaciones realizadas.
La acción de amparo que se incoa, aparece así como el único y eficiente remedio legal para restablecer la legalidad, la seguridad y la previsibilidad jurídica, en tiempo propio; agraviadas y lesionadas por los actos jurídicos que se impugnan por nulos, ilegítimos e inconstitucionales.
8.2. En su mérito corresponde:

8.2.1. Declarar nulo, por inconstitucional, arbitrario y gravemente lesivo, lo dispuesto en la Ley 10068 – Decreto 379/2012 artículos 4 y 5.
8.2.3. Disponer, que toda la mayor carga horaria impuesta y ya cumplida por el personal de las Categorías 15,16 y 17, a partir del día primero de Junio de 2012, en cumplimiento del Decreto 379/2012 , hoy ley 10068, sea retribuida a los trabajadores conforme lo dispuesto por el art. 29 de la Ley 9361.
8.2.4. Que la totalidad de las costas y costos del proceso, sean impuestas a la accionada.
Así se peticiona sea declarado por VS. al dictar sentencia sobre el fondo del asunto.

9. SE PETICIONA MEDIDA CAUTELAR URGENTE.

Lo dispuesto por la Ley 10068 – Decreto 379/2012 y el daño y el agravio que dicha normativa produce en los afectados, se potencia con el transcurso del tiempo, por la subsistencia de la misma.
Al personal comprendido en las categorías 15,16 y 17 le han avasallado derechos y garantías logradas mediante la negociación colectiva del sector, al incrementar unilateralmente la jornada laboral en un 33,33% y disponer – de hecho y coactivamente – no retribuir en manera alguna la mayor disponibilidad de la fuerza de trabajo. Por ello se solicita a VS., dicte medida previa de no innovar (art. 15 Ley 4915) y en su mérito ordene al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a efectos de que:

a) Deje en suspenso, hasta tanto recaiga resolución firme en la presente causa, lo dispuesto en los arts. 4 y 5 del Decreto 379/2012 integrado en la Ley 10068.
No existe otra vía apta, que la medida cautelar previa que se peticiona, dado que en caso contrario el amparo que se solicita no alcanzará su finalidad tuitiva de los derechos y garantías constitucionales ya afectados y a afectarse.
A efectos de viabilizar la medida cautelar peticionada, deja ofrecida la fianza personal de su letrado patrocinante y de otros letrados del foro; si el Tribunal lo considera así necesario.

10. OFRECE PRUEBAS.

Se ofrece como prueba que hace al derecho y peticiones de su representada, la siguiente:
10.1. Estatutos de la Unión del Personal de la Administración Pública Provincial – U.P.S.
10.2. Resolución nº 197 del Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante la cual se otorga la personería gremial a su representada.
10.3. Certificación otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en Exp. Nº 1-207-375845-2010; mediante el cual se deja constancia de la autoridades actuales de la UPS.
10.5. Copias auténticas de las Leyes Provinciales nº 7233,9361 y 10068.
10.6. Nota presentada por la UPS al Sr. Gobernador de la Provincia de fecha 28/05/2012 – Número de Trámite PEO1-289935001-212, Número de Stiker 289935001212.
Se peticiona, se intime al Gobierno de la Provincia a efectos de que remita copia de la nota presentada, informando el trámite dado a la misma y la resolución recaída.
10.7. Acta Acuerdo de Proyecto de Escalafón para el Personal de Administración Pública Provincial, de fecha ocho de noviembre de 2006 y Proyecto de Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial ( 10 fojas útiles); ambos instrumentos suscripto por el funcionario designado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los representantes legal de las entidades gremiales representativas del sector: UPS y SEP. Se destaca que el Proyecto de Ley consensuado es el que en definitiva presenta el PE a la Legislatura Provincial; que luego se plasmara en la Ley 9361.
Se peticiona, se libre mandamiento al Gobierno de la Provincia de Córdoba a los fines de que remita copia certificada de dicha documental.
10.8. a. Acta Acuerdo de fecha 24/04/2007, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba la UPS, el SEP Y ATSA. y b. Resolución nº 135 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-011511/2006(Cuerpo II) ( en 07 fojas útiles).
10.9. a. Acta Acuerdo de fecha 11/07/2007, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba la UPS, el SEP Y ATSA. y b. Resolución nº 179 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-011511/2006(Cuerpo II) ( en ocho fojas útiles).
10.10. a. Acta Acuerdo de fecha 18/10/2007, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba la UPS. y b. Resolución nº 195 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-011511/2006(Cuerpo II) ( en nueve fojas útiles).
10.11. a. Acta Acuerdo de fecha 14/02/2008, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba la UPS, el SEP Y ATSA. y b. Resolución nº 062 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-013407/2008.( en 11 fojas útiles).
10.12. a. Acta Acuerdo de fecha 21/05/2008, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba la UPS, el SEP Y ATSA. y b. Resolución nº 237 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-013880/2008. ( en 09 fojas útiles).
10.13. a. Acta Acuerdo de fecha 15/05/2009, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba y la UPS. y b. Resolución nº 189 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-014742/2009.( en tres fojas útiles).
10.14. a. Acta Acuerdo de fecha 02/03/2010, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba y la UPS. (en una foja útil).
10.15. a. Acta Acuerdo de fecha 06/08/2010, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba y la UPS.( en una foja útil).
10.16. a. Acta Acuerdo de fecha 25/02/2011, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba y la UPS, y b. Resolución nº 051 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-016897/2011 ( en tres fojas útiles).
10.17. a. Acta Acuerdo de fecha 13/03/2012, suscripta entre Gobierno de la Provincia de Córdoba y la UPS. y b. Resolución nº 010 del Sr. Secretario de Trabajo de la Provincia, el que en uso de sus atribuciones dispone su homologación y protocolización, en Expediente Administrativo nº 0322-210341/2012. ( en cinco fojas útiles).
Los documentos que se adjuntan, con excepción de los obrantes en los puntos 10.5 y 10.7 se encuentran certificados en su autenticidad, por el Escribano Público Mario Antonio Vitanza . Titular del Registro 668 - Córdoba.


11. RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Encontrándose en juego derechos y garantías de raigambre constitucional de la entidad gremial y de los trabajadores que la misma representa, arts. 14 bis, 16,17 y 18 y concordantes de la CN; se dejan formuladas reservas del Caso Federal a los efectos de acudir por la vía del Recurso Extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, art. 14 de la Ley 48.

12. PETITUM.

12.1. Se lo tenga por parte, en el carácter invocado, con la representación invocada acreditada y con domicilio legal constituido.
12.2. Tenga por interpuesta en tiempo y forma la presente Acción de Amparo.
12.3. Tenga por ofrecida la prueba documental e instrumental que se expresa, disponiendo su incorporación a la causa, librando el mandamiento peticionado.
12.4. Provea de conformidad a la medida cautelar que se peticiona, con carácter de Urgente.
12.5. Al resolver, haga lugar a la presente acción de amparo, en todas sus partes, con costas.

PROVÉASE DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO Y SERÁ JUSTICIA.
Contacto
Unión Personal Superior
Dirección: Salta 118
Provincia: Córdoba(5000)
Teléfono: 0351-424-6341/2
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